La titular de Salud descartó que esta iniciativa corresponda a un "lavado de manos" por parte del Ejecutivo.
También desestimó las acusaciones de estar poniendo una "lápida" al sistema de salud privado. La ministra de Salud, Ximena Aguilera, confirmó que cerca de 600 mil usuarios del sistema de isapres verán una baja en promedio de 50 mil pesos con la aplicación de la ley corta de isapres, que ingresó este martes al Congreso.
En conversación con La Segunda, la ministra dijo que "no hay un lavado de manos (del Ejecutivo). El proyecto regula las materias necesarias para dar cumplimiento con la sentencia de la corte. La sentencia es muy clara con respecto a lo que se tiene que revisar, y lo que proponemos es gradualidad y dotar a la superintendencia de las atribuciones para el cumplimiento de esa sentencia".
"La sentencia exige la aplicación universal de la TUF (Tabla Única de Factores) a todos los contratos. Por lo tanto, como a partir de abril de 2020, los contratos nuevos tienen todos la TUF, lo que está pidiendo es que los contratos vigentes antes de abril de 2020 tengan esta TUF. Que, producto de esta aplicación, termine el cobro en exceso para todos esos contratos", recalcó.
Aguilera añadió que la sentencia "habla del conjunto de contratos, y hay un subconjunto en el cual la aplicación de la TUF implica una rebaja y, por lo tanto, se debe hacer efectiva esa rebaja en el cobro de las cotizaciones de aquí en adelante. Y para aquellos mismos contratos donde hubo un cobro en exceso que se acumuló durante estos tres años, se debe implementar un proceso de devolución vía excedentes, además de la suspensión de cobro en forma universal de los menores de dos años".
La ministra precisó que "esa rebaja de las cotizaciones es en promedio de 50 mil pesos. Son cerca de 600 mil contratos, de un total de 1,8 millones que hay en el sistema de isapres".
"Este no es un cheque en blanco para la Superintendencia de Salud, porque ella tiene un mandato muy claro. Nosotros no podemos interpretar las sentencias de la corte. Hay un mandato muy claro de implementación de la sentencia y lo que define", comentó.
Aguilera continuó recalcando que "no le transfiere atribuciones sobre los cálculos relacionados a la aplicación de la sentencia. Sí le otorga más facultades, para tener un mejor manejo desde el punto de vista de las implicancias financieras que tiene la sentencia para que el pasivo generado por los cobros en exceso no figuren en los indicadores de sostenibilidad del sistema, de manera que no haya que intervenirlas por esta razón".
"No es una lápida que estamos poniendo. Tenemos la voluntad explícita de generar condiciones de gradualidad que permitan dar sostenibilidad al sistema, pero dentro de los estrechos márgenes que define la sentencia de la corte", puntualizó.