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Iglesia Católica boliviana reconoció haber sido «sorda» ante el sufrimiento de las víctimas de peder

La institución católica a nivel mundial se fractura cada día más cuando se revelan solo una cuarta parte de todos los casos de abusos sexuales cometidos por religiosos, en este sentido la denominación establecida reconoció haber hecho “sordos” ante lo que muchos padecieron.


Hace poco por medio de un comunicado, la Iglesia Católica de Bolivia reconoció que fue «sorda» ante los sufrimientos de las víctimas de abuso sexual cometidos por los sacerdotes de ese país, lo que agrava mucho más el escándalo de pederastia de dicha institución.

El documento que se publicó el miércoles a nombre del secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana, Giovani Arana, dijo en representación de esa denominación que “a las víctimas en lugar de darles la Iglesia la protección y el cuidado que merecían, se encontraron con una Iglesia sorda a sus sufrimientos».

«Tenemos la certeza de haber sido parte, directa o indirectamente, de un dolor profundo causado a personas inocentes que han sido víctimas de abuso sexual y de un manejo insuficiente de la situación», admitió la institución. Anunciaron también la creación de dos comisiones, encargadas de escuchar e investigar, y así «determinar responsabilidades y visibilizar lo que ha sucedido«.

Con esta confesión, el escándalo de pederastia en Bolivia crece mucho más tras la publicación del diario El País sobre el diario personal del cura fallecido Alfonso Pedrajas, quien relató en esas páginas como abusó de casi unos 85 niños que iban a escuelas jesuitas en Bolivia durante los años 80 y 90.

Desde ese descubrimiento, las denuncias solo han ido en aumento y hasta el momento hay más de 13 sacerdotes jesuitas que están implicados en más de 200 casos de abuso y encubrimiento de los mismos. El presidente de Bolivia, Luis Arce, pidió al Papa Francisco tener los expedientes de los sacerdotes acusados de abuso sexual en su país y que el Vaticano mantiene en su poder.

Detalló por medio de la carta, que el Gobierno se reserva el derecho de rechazar a sacerdotes que tengan antecedentes, y que revisará acuerdos y convenios vigentes de relación bilateral con la Iglesia Católica.

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