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Exdirector de Inteligencia del Ejército irá a prisión preventiva por presunto espionaje

El general Schafik Nazal fue imputado por la supuesta interceptación de los teléfonos de cuatro uniformados denunciantes de corrupción en 2017.

También cumplirá la máxima cautelar el juez Juan Poblete, acusado de autorizar las escuchas a los llamados del periodista Mauricio Weibel.

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó este miércoles la prisión preventiva del exdirector de Inteligencia del Ejército Schafik Nazal y el juez Juan Poblete, por el presunto espionaje en torno a las investigaciones del fraude en la institución castrense.

Las denuncias se remontan a la denominada "Operación Topógrafo", en que el Ejército supuestamente interceptó los teléfonos de cuatro uniformados en 2017, todos denunciantes de irregularidades, por sospechas de filtraciones sobre la Ley Reservada del Cobre.

Aquella operación aparentemente estuvo precedida por la "Operación W", dirigida en contra del periodista Mauricio Weibel -autor del libro "Traición a la Patria"- quien reveló el desfalco anterior en la institución, y que en ese entonces investigaba posibles malversaciones de fondos con dinero proveniente de la Ley Reservada del Cobre.

En este caso, se presumía que Nazal engañó al juez Poblete, pues según un artículo de Ciper, el exdirector de Inteligencia envió al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago una petición de autorización para realizar escuchas telefónicas a una supuesta agente extranjera que buscaba "antecedentes estratégicos" sobre la institución armada, adjuntando el número de Weibel. No obstante, en abril de 2021 trascendió que, durante una sesión secreta de la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado de la Cámara, Poblete negó haber sido engañado por el Ejército, e incluso argumentó que sabía que el teléfono era del periodista. En esta jornada, el tribunal determinó imputarles a ambos 12 delitos de interceptación ilícita de comunicaciones y siete delitos de falsificación de instrumento público. Para María Inés Horvitz, consejera del Consejo de Defensa del Estado, "es un tema grave, que debe ser esclarecido por la Justicia, porque finalmente se trata de preservar el Estado de Derecho y las instituciones democráticas en una situación en que toda la administración del Estado estaba siendo puesta en tela de juicio, y es muy importante dar una señal muy clara de que esto no va a ser aceptado". La abogada resaltó que, para establecer la máxima cautelar, "existe una causal de peligro para la seguridad de la sociedad que es muy objetiva, que basta con que los delitos imputados sean graves en relación a su pena, que haya reiteración, el número de ellos, el carácter especialmente -en mi opinión- grave, por el hecho de tratarse de altos funcionarios públicos del Estado".

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